23 de junio de 2022

América Latina, a nivel general, es una región que continúa mostrando una cara conservadora con respecto a la comunidad LGTBIQ+. Mientras que los países del Cono Sur avanzan desde hace años hacia un escenario más tolerante con respecto a los derechos de la comunidad, Centroamérica representa un núcleo mucho más conservador. Desde el año 2000, la región ha protagonizado una ampliación de los derechos sexuales e identitarios para el colectivo y diversos países han elaborado marcos legales en esta materia.

En una encuesta realizada por el Pew Research Center en 2020, se concluyó que Argentina era el país con mayor acogida del colectivo por parte de la sociedad, con un 76%. El país austral fue el primero en crear un derecho LGTBIQ+ en todo América Latina, con la posibilidad de derecho a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, y el primero promulgar una ley de matrimonio igualitario a nivel nacional, el 21 de julio de 2010. A este le siguieron México el mismo año, Uruguay y Brasil en 2013, Colombia en 2016 y Ecuador en 2019. Uno de los últimos países en legalizarlo es Chile: la Ley del Matrimonio Igualitario fue promulgada por el presidente Sebastián Piñera el pasado 9 de diciembre de 2021, tras haber sido aprobada por el congreso gracias a años de lucha de la sociedad chilena.

Costa Rica es uno de los países que más ha avanzado en materia de derechos LGTBIQ+ en los últimos años. Desde 2018, el cambio de nombre y de sexo registral está permitido, sin la necesidad de permiso judicial o de cirugías previas, y tanto el matrimonio como la adopción para personas del mismo sexo es legal desde 2020. También Brasil, el país más extenso de la región, ha logrado un gran avance en este sentido. En 2019, el Supremo Tribunal Federal de Brasil dictaminó que la ley sobre delitos motivados por el prejuicio de raza o color (Ley 7.761) abarcase los crímenes motivados por la orientación sexual y la identidad de género de la víctima. También ha prohibido la llamada “terapia de conversión” por motivos de orientación sexual o identidad de género.

Por otro lado, la autodeterminación de la identidad de género ha tenido una amplia aceptación en la región desde principios de siglo. Las primeras medidas y leyes a favor de la identidad de género se establecieron por primera vez en Panamá en 2006, seguido de Uruguay y Brasil. En 2012, Argentina sancionó una ley de identidad de género que marcaría la vanguardia de reconocimiento ciudadano a la comunidad trans, a la que siguió Colombia (2015), Bolivia (2016), Ecuador (2016), Perú (en tratamiento y sin resolución desde 2016) y Chile (2018).

A pesar de estos avances, aún queda mucho camino por recorrer. En varios países del Caribe y de Centroamérica, la actividad sexual entre personas del mismo sexo es ilegal y está penada con 10 años de prisión y trabajos forzados. En República Dominicana, Bolivia, Honduras y Paraguay, el matrimonio igualitario está prohibido a nivel constitucional y algunos países, incluso, continúan prohibiendo que las personas LGTBIQ+ donen sangre, por ser considerados “donantes con comportamientos de alto riesgo”.

El pronóstico general, sin embargo, es positivo para la comunidad latinoamericana. La trayectoria de reconocimiento ha llegado hasta día de hoy, especialmente con la inclusión de nuevas medidas para garantizar el derecho a la identidad de género a las personas género-diversas. En 2021, Argentina presentó un nuevo Documento Nacional de Identidad para personas no binarias. Por otro lado, la Corte Constitucional colombiana declaró en marzo de 2022 la inclusión del género no binario en los marcadores de sexo en el esquema de identificación ciudadano, que está actualmente en proceso de legislación. En el caso de Cuba, para este año se debate acerca del Código de las Familias, una normativa que se sometió a debate popular y luego irá a referendo, que trata de reconocer formalmente los diversos tipos de familias que existen.